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El derecho a educar

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El derecho a educar

Se ha hablado mucho desde la iglesia de que el derecho a educar pertenece a la familia, como si este derecho se le pudiera dar a la familia de forma absoluta. Sin embargo muchos opinan que, cuando así se habla, no se está teniendo en cuenta el derecho de los niños a recibir, no la educación que los padres les quieran dar, sino la educación correcta, justa y adecuada a la convivencia en una sociedad democrática. ¿Y quién debería marcar cuál es la correcta educación? 

 
Algunos responderían en la línea de que todos los ciudadanos somos responsables ante la búsqueda de esa correcta educación, intentando la formulación de los contenidos educativos consensuados, universales y justos. Parece que no todos están dispuestos a dar a los padres el derecho absoluto para la educación de sus hijos. 

El derecho que tienen los padres a elegir la educación de sus hijos se ha usado mucho en el debate de la polémica asignatura Educación para la Ciudadanía. Muchos han rechazado el que el Estado o el Gobierno democráticamente establecido, les quiera sugerir normas éticas en la enseñanza y han recurrido a la afirmación de que, en última instancia, el derecho a la educación corresponde a los padres y no al Estado. La verdad es que al hablar del Estado, habría que aclarar a qué Estado nos estamos refiriendo, si a un Estado totalitario que creemos no es el caso de España, o al Estado democrático en el que cambia mucho la perspectiva porque en este Estado democrático los ciudadanos pueden participar, a través de sus representantes, en los contenido éticos y de moral pública que deba haber en la enseñanza. 

Desde estos postulados, muchos dirían hoy que la educación de los hijos no puede estar sólo en las manos de los padres, sino que, la sociedad en general debe tender a influir y dialogar sobre los contenidos éticos, las normas de comportamiento de los individuos en las sociedades democráticas e ir dando unas normas de convivencia en donde haya consensos universales y unos patrones de normas justas en donde haya unos mínimos comunes. Un punto de referencia en estos consensos universales debe ser siempre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Esto no quiere decir que los padres no tengan mucho que ver en la elección de los modelos de educación de sus hijos, lo que sí se puede decir es que los padres no pueden tener este derecho de forma absoluta, sino que deben consensuar y dialogar con la parte de autoridad educativa que le corresponde a la sociedad y, por supuesto, a la Escuela. Los ciudadanos, en general, deben tener voz en cuanto a los contenidos que debe tener la educación en un país democrático. Yo creo que la democracia tiene sus vías para que la voz de los ciudadanos llegue a los Parlamentos en los que hay que aprobar las leyes. 

Entre los intereses privados y los intereses de la sociedad en general, debe de haber una coordinación y un diálogo, no una contraposición brusca e incompatible. Además, los intereses privados no pueden ser sólo de los padres, sino que, por encima de ellos, los intereses más privados son los de los propios niños. Para la coordinación de todos estos derechos está claro que la sociedad civil tiene un papel que jugar dando unos mínimos éticos que se puedan considerar como una ética pública que busca la universalidad y que debe de afectar a todos los individuos de toda la comunidad. 

Todos somos conscientes de las dificultades de alcanzar consensos éticos aplicables de forma general que afecte a todas las relaciones, conductas y convivencia democrática, pero la creación de éticas familiares diversas sin buscar los consensos y los elementos comunes también podrían generar muchas dificultades. Lo que sí está claro que hay que rechazar una excesiva injerencia del Estado y buscar siempre la libertad de conciencia que no perjudique los derechos individuales. Nos movemos, así, en un juego de respetos y equilibrios difíciles que tienen que estar en coordinación y en diálogo. 

Las búsquedas de derechos absolutos por parte del Estado o por parte de los padres, pueden dar lugar a tensiones y crear problemáticas diversas. Los intereses y valores educativos que defiendan los padres en un momento dado no pueden estar en contra, en contradicción o en abierta incompatibilidad con otros intereses o valores que, desde el punto de vista de una sociedad plural se puedan considerar aceptables y justos. 

Hay que compatibilizar los valores éticos y religiosos que los padres o la iglesia debe dar desde su seno, con los intereses de una ética pública que quizás debiera coordinar el juego que se debe dar en la democracia entre los contenidos privados que desde algunas familias quisieran introducir en la educación, y los intereses que deben ir conformando una moral pública en un Estado democrático, plural y diverso.

 

Juan Simarro es Licenciado en Filosofía, escritor y director de Misión Evangélica Urbana de Madrid


© J. Simarro. ProtestanteDigital.com (España, 2008).

http://www.protestantedigital.com/new/nowleerarticulo.php?a=2287

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Written by Ricardo Paulo Javier

agosto 12, 2008 a 2:09 pm

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