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“Hay que estar de acuerdo en que los responsables del desastre sean removidos de los cargos públicos y de los puestos directivos. Quien a conducido a la catástrofe no es el indicado para conducirnos a la reconstrucción. Quien se ha equivocado, pague y quien ha hecho daño repare. Esta es la Justicia”. Ignio Giordani - político italiano (1894-1980).

    El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, denunció colapso pesquero y violaciones constitucionales. Es que el Estado, en su carácter de “persona ética”, debe actuar no sólo dentro de un marco de constitucionalidad, sino también considerar la equidad social y sus principios. La falta de control ex profeso del Gobierno, impulsa la corrupción e ineficiencia en la gestión pública. Esta situación persiste siendo un modelo de entrega de recursos públicos por parte del poder político a manos privadas.
    Un Estado en contra del orden democrático y el derecho, destruye los principios de legalidad, transparencia, control y responsabilidad de sus actos de gobierno. La corrupción pública alentada como “matriz gubernamental” es percibida no solamente como una cuestión moral, sino también como una cuestión que afecta fracturando la credibilidad del desarrollo económico, institucional y social.

La pesca es una “valija” más grande que la de Antonini Wilson

    El doctor Leandro Despouy, formado en Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales con especialización en Derecho Internacional Público, reconoce claramente la ilegalidad del Gobierno e inconstitucionalidad de algunas medidas aplicadas por la Secretaría de Pesca de la Nación.
    La AGN trabajó varias veces sobre el tema de los recursos pesqueros y Despouy ratificó el negativo informe que presentó la cartera en el Congreso Nacional, ampliando el mismo ante el Juez Federal Alfredo López en Mar del Plata, en el marco de un recurso de amparo.
    El Dr. Despouy denunció mecanismos “distorsivos” y fallas en el régimen sancionatorio que aplica el Estado, los cuales fueron señalados como los factores que contribuyeron al colapso de los recursos pesqueros, debido a su sobreexplotación. Reconoció que hay conciencia del problema, pero que falta “un ámbito de articulación” para la implementación de políticas claras que tiendan a revertir la situación.”Cada vez se agravan más los factores que inciden en el colapso” de los recursos pesqueros del mar argentino, reconoció. Por eso, entendió que, para revertir la situación, hay que atacar todos los factores que lo están causando.
    Por eso, señores legisladores y funcionarios -también ONGs nacionales e internacionales-, hay que intervenir la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y el Consejo Federal Pesquero.
    Estamos a la espera de que nuestros legisladores se “den cuenta” de que, debido a la pesca, ingresan 1.100 millones de dólares al año en divisas. Es urgente que el Congreso ordene intervenir los mencionados organismos, colocando junto a personal de la AGN, PTN, representantes de la UBA y el CFP, un representante por cada provincia del país y representantes de ONGS específicas, pues la pesca es de todos los argentinos no de los empleados de las empresas que hoy la representan.
    Es descabellado permitir la continuidad e impunidad de quienes destrozan el futuro pesquero argentino pues nos pasará lo mismo que con Aerolíneas Argentinas. Nos están vaciando el mar, enriqueciéndose ilícitamente políticos, empresarios ilegales y sindicalistas, en desmedro del patrimonio de generaciones futuras.

La Presidente abriga corrupción de empresas pesqueras ilegales depredadoras

    Tanto en las auditorías que se realizaron para los años 1996 y 1997, como para la que analizó la situación pesquera hasta el 2006, la AGN detectó que se había incrementado la explotación e, inclusive, se habían pasado los niveles autorizados de pesca. ¿Cómo se hacía? se establecían metas, se disminuían los cupos y cuando uno los medía al año siguiente se veía que las restricciones como consecuencia del riesgo del agotamiento del recurso por sobreexplotación no solamente se habían violado sino que era en porcentajes que en algunos casos llegaban al 200%.” Así lo denunció Despouy sin medias tintas.
    Memoria. A la fecha continúan los mismos funcionarios con las mismas metodologías, sin cambiar un ápice para evitar el colapso de recursos. La prueba más inapelable son las auditorias y la inaplicación de sus dictámenes en salvaguarda del interés nacional. Por ello, deben ser juzgados los Kirchner y sus funcionarios al finalizar su mandato. La vulneración de normativas ambientales básicas, tanto internacionales como nacionales -inaplicadas como lo es el “principio precautorio”-, condenan a miles de trabajadores al hambre y a un daño ambiental sin precedentes en la cadena trófica.
    En su informe de 2001, la AGN estableció que se estaba “frente a situaciones alarmantes” y que, si bien se adoptaron algunas medidas, “no han logrado revertir ese riesgo permanente de estar al límite, no de las posibilidades de pesca, sino de las posibilidades racionales de pesca”.
    En ese sentido, Despouy detalló que “la situación de los inspectores es muy grave, se ve que aun cuando existía un sistema muy permisivo el sistema sancionatorio no tenía ninguna eficacia e inclusive presentaba rasgos de fomentar los incumplimientos habilitando vías de corrupción evidentes”.
    Entre esos rasgos, indicó que el informe ratificó la existencia de “diferencias entre los partes en barco y los partes que se verifican en el desembarco en el puerto”, apuntando que las diferencias variaban entre el 39 y 300%, cuando el margen de tolerancia es del 10 o 15% aproximadamente.
    “Esto tiene impacto de todo punto de vista, no solamente impositivo, contable, sino también estadístico y al mismo tiempo de la atribución de los cupos”, entendió el auditor, enfatizando que “esta distorsión entre lo que se reconoce y lo que se declara debe terminar”.
    Señaló también que “hay que tener mucho cuidado con algunos mecanismos de orden compensatorios, porque pueden generar un sistema en el cual el empresario puede decir: ‘Yo no voy a reconocer el 30% de lo que pesco y si tengo que pagar una multa, traslado al costo lo que puede significar la multa’”.
    Asimismo consideró que “el régimen sancionatorio, da la impresión que es totalmente inequitativo”. En ese aspecto señaló que “se deberían verificar varias cuestiones, como el registro de reincidencias, tiene importancia para saber quién ha incumplido más, quién menos, qué sanción merece quien incumple todos los días y quién incumple una vez al mismo tiempo de la atribución de cupos”.
    Es dable volver a recordar -y van…- que no existe libro de reincidentes, aunque en la Ley 24.922 está normado y la AGN lo ha denunciado pertinentemente. De esa manera, los funcionarios pueden “recaudar” tranquilos robando a la Nación. ¿Beneficia acaso al país que esta normativa no se aplique?
    Por el contrario, ¿cuánto beneficia a los funcionarios y empresas protegidas del Gobierno?
    En el año 2001, el actual subsecretario de pesca, Gerado Nieto -hombre K-, ocupaba una banca en el CFP representando a Santa Cruz, lo cual demuestra que el tema es inapelable, ya que él es parte del sistema de corrupción: conoció cada informe y nunca hizo nada fehaciente por revertir las ilegalidades del sector más corrupto del país a la fecha.
    En realidad, si el ciudadano lee las actas del Consejo Federal Pesquero creerá que se aplica una política pesquera, pero no debe engañarse, si ello fuera así, no existiría el colapso actual denunciado por el mismísimo Presidente de la AGN.

Depredación sin control y transparente corrupción

    Despouy, tras aclarar varias veces su función de observador y recomendador -pero no de responsable de la implementación de las políticas-, señaló que el registro de reincidentes no aplicado es “un instrumento muy importante de control de la explotación para disciplinar el comportamiento de los distintos actores”. Más adelante y, siempre a la luz de las auditorías, cuestionó las multas.
    “Según vimos se estima que correspondería haber aplicado del 2002 al 2006, aproximadamente 116 millones de pesos en multas, pero se certificaron para cobrar 26 millones y solamente se percibieron 6 millones. Hay una diferencia tan grande, que cuando se ven las cifras se piensa que es un incentivo para incumplir, no tiene sentido cumplir”.
    “Cuando hay una acumulación de pesca intensa, sin la racionalidad de respetar los criterios fisiológicos de la reproducción va teniendo como consecuencia ponernos siempre en el límite del colapso y al mismo tiempo generando una composición de nuestro litoral marítimo en materia de recursos, con especies más pequeñas que las que teóricamente podría producir”, analizó Despouy, reflexionando que “tengo la intuición que Argentina es un país que no tiene conciencia marítima”.
    En el mismo sentido, continuó sosteniendo que “tenemos que pensar que estamos frente a un recurso vital, trascendente, son 1100 millones de dólares solamente de exportación el año pasado, estamos hablando de márgenes importantes pero explotando un recurso en riesgo, si proyectamos hacia el futuro vamos a ver que esta situación se acentúa”.
    Despouy valoró la actuación de la Justicia para acercar posiciones “cuando los sectores ven insuficiencia en el comportamiento estatal para que se cumpla una normativa y se va produciendo una situación de daño que prevé que genera conflicto”.
    Eso sí, hasta ahora el sector estatal no ha concurrido a la convocatoria.
    El auditor hizo referencia al “espíritu” de la Ley de Pesca recordando que “dice que todos los sectores deberán tratar de colaborar de tal manera que se logre un equilibrio equitativo, pensando en los principios de necesidad, solidaridad y a la vez hacer una proyección intergeneracional, porque cuando hablamos de recursos no solamente hablamos del presente, sino también estamos comprometiendo el futuro”.

La AGN efectúa recomendaciones sustentables que el gobierno no aplica

    Por todo lo dicho, Despouy indicó que “entre las propuestas que hacemos, decimos que entre los métodos posibles para lograr el equilibrio entre mantener la industria de la pesca la actividad extractiva, la necesidad de abastecimiento y algunos márgenes de exportación requiere una política muy consciente, científicamente elaborada, sobre cuáles son aquellos -por lo menos- dos grandes rubros de zonas que por agotamiento, depredación, sobreexplotación, han sufrido mayores castigos y a ellos preservarlos por el lapso que se requiere para el desarrollo biológico”.
    Para el presidente de la AGN, “esto permitiría, en un lapso, revertir esta tendencia hacia el agotamiento del recurso y en ese caso, con políticas acertadas se podría mantener un cierto nivel de extracción aceptable que permita mantener la industria, mano de obra y nivel de industrialización que tiene la ciudad”.
    En cuanto a la conciencia de todos los sectores -más allá del Estado- Despouy dijo: “tengo la impresión que todo el mundo sabe que hay que hacer algo y que ese algo pasa por eso, pero teme que no se gane nada con que sean uno o dos lo que lo hacen, sino que tiene que haber una autoridad de aplicación que pueda decirnos a todos en esta situación: ‘los intereses comunes de todos convergen en esta política y transformarse en el árbitro’”.
    “Ideas hay muchas, conciencia bastante, pero sobre la implementación hay gran desazón, frustración”, aseveró para finalizar.
    Estas declaraciones Despouy las efectuó en Mar del Plata, participando en la segunda audiencia convocada por el juez Alfredo López, en el marco de la causa que investiga la inconstitucionalidad (*) de algunas medidas aplicadas por la Secretaría de Pesca de la Nación.
    La Ley 24.156 ordena a la Secretaria Legal y Técnica asistir a la AGN en los asuntos legales, técnicos e institucionales y a su Presidente el ejercicio de sus funciones ejecutivas.
    Veamos qué dice el manual de organización y funciones de la AGN, Ley 24.156 – Capítulo III- De la responsabilidad: Artículo 130: Toda persona física que se desempeñe en las jurisdicciones o entidades sujetas a la competencia de la Auditoría General de la Nación responderá de los daños económicos que por su dolo, culpa o negligencia en el ejercicio de sus funciones sufran los entes mencionados siempre que no se encontrare comprendida en regímenes especiales de responsabilidad patrimonial.
    Artículo 131: La acción tendiente a hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de todas las personas físicas que se desempeñen en el ámbito de los organismos y demás entes premencionados en los artículos 117 y 120 de esta ley, prescribe en los plazos fijados por el Código Civil contados desde el momento de la comisión del hecho generador del daño o de producido éste si es posterior, cualquiera sea el régimen jurídico de responsabilidad patrimonial aplicable con estas personas.

Quien se ha equivocado, que pague y quien ha hecho daño, que repare

    La causa que tramita sobre una “tutela ambiental” por recursos en colapso va lenta y sin medidas, mientras se sigue depredando y nada cambia, garantizando impunidad. En manos del juez hay prueba inapelable para aplicar la Ley federal de Ambiente -en sus principios precautorios- e iniciar causas penales a los funcionarios por administración fraudulenta de bienes del Estado, mal desempeño del deber de funcionario público, abuso de autoridad, daño ambiental agravado, violación a la Carta Magna y a una batería de legislación nacional y tratados internacionales vigentes. La Justicia en la Argentina es lenta, y por ello injusta. El patagónico juez López parece desconocer que el Artículo 41 de la Constitución Nacional establece el derecho de todo habitante a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; teniendo a su vez el deber de preservarlo.
    Mediante la Ley Nº 25.675 fueron establecidos “los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable”.
    Por otra parte, en su Artículo 4º, la ley en cuestión establece que “tanto la interpretación como la aplicación de la misma, y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la Política Ambiental, estarán sujetas al cumplimiento de diversos principios”.
    Que entre tales principios se encuentra el de “prevención”, en virtud del cual, las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir relacionadas con esos objetivos; y el de “subsidiariedad”, que establece que el Estado nacional, a través de las distintas instancias de la administración pública, tiene la obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en forma complementaria en el accionar de los particulares en la preservación y protección ambientales.
    Luego de la declaración del Presidente de la AGN en el marco de la causa que investiga la “supuesta inconstitucionalidad” de algunas medidas aplicadas por la Secretaría de Pesca de la Nación queda claro que ya “no existen supuestos ni potenciales” sino desbordante anomia corrupta protectora de mafias piratas depredadoras que operan en la Argentina con absoluta impunidad y cobertura Gubernamental.

La fundación Vida Silvestre reclama terminar con la corrupción

    Preocupados por ver un camino al colapso de la pesquería de merluza, desde su Programa marino, la Fundación Vida Silvestre (FVS) advierte que se deben adoptar urgentes medidas de fondo. Además, sostienen que, persistir con el exceso de la capacidad de pesca y un sistema no transparente de administración, conspira contra la actividad. Es necesario seguir hablando de la crisis porque parece que aún el concepto no está bien instalado, en cuanto a qué significa, qué la causa, y los problemas de fondo junto a la necesidad de solucionarlos. Es importante que la gente empiece a tomar conciencia que estamos en una situación muy delicada, nos parece que estamos en un camino muy peligroso de ir a un colapso pesquero. Colapso que traerá consecuencias económicas y sociales muy fuertes, pero que además generará un impacto sobre el ecosistema que no podemos permitir, es necesario hacer algo antes y no dejar que las cosas transcurran sin medidas de fondo.
    Los objetivos de manejo no se cumplieron, y actualmente estamos con un sistema legal que hace que estemos en la ilegalidad. Nos guste o no, hay una ley pero no se está cumpliendo. Si aplicamos un criterio de evaluación por resultados, una gestión en pesquerías debe verse sobre la salud del stock reproductivo y, si vamos a un colapso, evidentemente algo falla en el sistema de manejo.
    Lo cierto es que el Consejo Federal Pesquero no ha logrado aún ser la caja de resonancia de una política federal.
    Cabe preguntarse entontes, ¿qué dice la experiencia internacional? ¿Los caladeros que han colapsado se han podido recuperar en el tiempo?
    Hay experiencias de recursos con presión excesiva y sobrepesca. Hay recursos que no se han recuperado, y especies que han sido reemplazadas en el ecosistema. Un colapso significa llevar a una población a niveles de abundancia que no hacen rentable su pesca. El impacto de una disminución poblacional de tal tipo puede acarrear consecuencias importantes sobre otros recursos, por eso insisto en que se debe analizar el impacto sobre el ecosistema y no en forma aislada. Las consecuencias de la sobrepesca, y continuar en el tiempo con estos niveles de mortalidad por pesca significan afectar otras cosas, incluso es algo que todavía se debe investigar con mayor seriedad.
    A ese respecto, la ONG Oceana reclamó desde su sede europea en Madrid, a la Audiencia Nacional de España, que inicie investigaciones sobre las actividades relacionadas con la pesca ilegal que un buen número de ciudadanos españoles y empresas con capital español, llevan a cabo tanto en aguas internacionales como en la zona económica exclusiva de muchos países y puntualmente en la Argentina.
    También, hace pocos días, denunció a la “Mafia Gallega”, apodo internacional de un grupo de armadores implicados en la pesca pirata, crimen organizado y narcotráfico.

Finalmente

    La Presidente, con 217 discursos en su haber, luce botox, buena ropa y autismo pesquero. Jamás habló de la corrupción del sector o de medidas sustentables.
    Aunque hace unos días pudo ostentar que ocupa el lugar 13º entre las mujeres más poderosas del planeta, nada ha hecho Cristina Kirchner ante la gravedad del sector. Sólo ha permitido una política nacional de destrucción sistemática, impregnada de corrupción virulenta.
    No existe Estado ni sociedad posible sin la correcta aplicación de las leyes. Años atrás Cristina Kirchner arengaba a sus diputados desde su banca para la privatización de YPF, apoyando la licuación de recursos argentinos para transferir plata a sus arcas. Revisando su pasado no es extraño este presente.
    De la misma manera que hoy juzgan a los genocidas que detentaron el poder político ayer, se juzgara a los Kirchner mañana pues su política pesquera es otra clase de genocidio.
    “No entones las alabanzas divinas sólo con la voz, acompaña también la voz con las obras. Si cantas sólo con la voz, por fuerza tendrás al fin que callar; canta con la vida para no callar jamás.” San Agustín.

Roberto Maturana
Oficial de Marina mercante-Investigador

(*) Debiendo asumir el patrocinio y la representación del organismo en actuaciones judiciales y administrativas en las que la AGN sea parte o tome intervención. Esto quiere decir que la propia AGN debió iniciar acciones legales en defensa de los recursos pesqueros Patrimonio de todos los argentinos. La comisión bicameral debió ordenar a la AGN las acciones pertinentes en salvaguarda del sector pesquero. De nada sirve la AGN auditando fraudes e ilegalidades si no hay acciones Legales contra los responsables Gubernamentales en cada una de sus personas.

Pruebas de la depredación:
http://www.videos-star.com/watch.php?video=kr-bHrqNoXI&feature=related 

Ver también: www.pescaypuertos.com.ar

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Paulo, this is your Business Sense Newsletter for Monday, 15 September 2008