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El martes 2 de septiembre pasado, un importante personaje vinculado al kirchnerismo visitó al juez Federico Faggionato Márquez en su despacho de la calle 25 de Mayo Nº 483 -en la localidad de Campana-, frente al elocuente asombro de los funcionarios judiciales que fueron involuntarios testigos de la dantesca escena. Los términos de la reunión no trascendieron pero, de acuerdo a los desatinos de Faggionato Márquez en la investigación de la causa, es fácil presumirlos.
Como viene denunciando este periódico, el juez sólo está interesado en una línea de investigación, descartando todas las implicancias políticas -especialmente kirchneristas- de este escándalo.
A esos efectos, se ha desinformado ex profeso a los medios de comunicación y se ha bombardeado con información de dudosa calidad, no sólo desde el juzgado de Campana, sino también de las usinas de los oscuros servicios de Inteligencia.
En pos de alertar, desde este sitio se mencionaron sobradamente los cercanos vínculos entre el magistrado y el oficialismo, pero sólo el diario Crítica de la Argentina se atrevió a avanzar en la misma línea: “(…) El Consejo de la Magistratura estaba a punto de destituir al juez federal de Zárate-Campana, Faggionato Márquez, pero el representante de los abogados es un hombre de lectura meditada y decidió pedir más tiempo para analizar el expediente. Faggionato es un impresentable acusado de formar una red de corrupción con la policía local pero tiene una clara ventaja sobre el resto: es el juez de la causa de las pinchaduras de Garín, donde la SIDE está directamente involucrada“.
Todo cierra.

El perejilazo

Como en toda trama política, en torno a la muerte de los “empresarios” no podía faltar el pertinente perejilazo, figura en la cual Faggionato Márquez intentará “limitar” la investigación judicial.  En este caso, se trata del funcionario Manuel Poggi, de quien este periódico no da garantías de honestidad, pero que no posee vínculo con ninguno de los tres jóvenes asesinados en agosto pasado.
En este punto se encuentra la primera desinformación surgida del juzgado de Campana, ya que, a pesar de lo que se dijo oficialmente, en sus días de prófugo, Poggi jamás salió de General Rodríguez, sino que estuvo escondido en la quinta de Flavio Mastellone, director de compra de materia prima de La Serenísima. La estrategia se definió merced al secretario de Producción de la Municipalidad de General Rodríguez, Armando el Palomo Borches -no casualmente de la localidad de Pilar-, el jefe de calle Darío Atrio y otros funcionarios de la misma zona geográfica.
Aunque se quiera cerrar el círculo en su persona, la cuestión roza a funcionarios más importantes. “La letra a Poggi le fue dada por los mismos que decidieron que desapareciera: el intendente (Marcelo) Coronel, su esposa Adelma Arguissain, la secretaria de Seguridad Marta Baldo y Borches. La Vasca (Arguissain) citó a una reunión del Ejecutivo con sus laderos y les ordenó respaldar a Borches. Les dijo: ’si él cae, caemos todos’”, confesó a este periódico una altísima fuente de General Rodríguez.
La preocupación por que lo pudiera hacer o decir Poggi es tal, que una camioneta municipal fue la encargada de trasladar sus pertenencias personales y fue la misma municipalidad la que “designó” a su abogado, Ariel Fusco, una pieza clave del riñón de la mencionada Baldo.
En estas horas, se teme fuertemente lo que este pudiera contar, especialmente después de haber solicitado “protección especial” para su persona en la Justicia. Poggi conoce en demasía los detalles de las reuniones que funcionarios de la municipalidad tuvieron con narcos y de qué manera estos estaban conformando una serie de empresas de exportación de precursores químicos merced a los favores oficiales.
“La llave que abre todas las puertas de este caso se llama Atrio”, finalizó la fuente crípticamente.

Papelón perseguirás

En los últimos días, funcionarios kirchneristas hablaron de un supuesto cartel de Guanajuato, como responsable de gran parte de la trama detrás de la muerte de los “empresarios”. Lo hicieron con tal seguridad que parecía un dato real y verificado.
Sin embargo, en las últimas horas, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México aseguró que “ni en la bibliografía que existe sobre el tema, ni en los medios masivos de comunicación nacionales se ha hablado de ningún cártel de Guanajuato” (1). Otro papelón y van.
Y hablando de falta de rigurosidad, hay un hecho de enorme relevancia que, gracias a la desinformación aportada por el juzgado de Faggionato Márquez, los medios han calificado incorrectamente. Se trata del allanamiento que el 18 de julio de 2008 se hizo en una quinta de la localidad de Ingeniero Maschwitz -partido de Escobar- donde se detuvo a diez personas, nueve mexicanas y una argentina. Todos fueron acusados de ser parte de una “banda de narcotraficantes” que regenteaba un laboratorio para elaborar drogas sintéticas, entre ellas, metanfetaminas. Nada que ver.
Ya en esa ocasión se dijo incorrectamente que los mexicanos arrestados eran “integrantes del Cártel de León”, una organización inexistente. Tampoco es real -ni creíble- que se tratara de “narcotraficantes”, toda vez que la policía comprobó que los apresados vivían hacinados en un lugar del que no podían salir. ¿Qué clase de narco vive de esa manera?
A efectos de aclarar este punto, Tribuna de periodistas se tomó el trabajo de investigar la vida privada de los mexicanos detenidos y pudo determinar que se trata de personas de escasos recursos, los cuales ingresaron al país declarando trabajos tales como albañiles, fontaneros, plomeros y carpinteros (2).
Esto demuestra que los mencionados son sólo un eslabón menor de una cadena más importante, cuya cabeza sería un personaje llamado Marco Aurelio Lailson, sospechado por la Embajada de Estados Unidos de traficar sustancias prohibidas y en la mira de la Justicia en su país natal, México.
Lailson ha sido el que involucró al hoy prófugo Jesús Martínez Espinoza (3) en la causa judicial de marras. Posiblemente lo haya hecho en persona, ya que existen puntuales testigos de encuentros secretos entre el juez Faggionato Márquez y el sospechado mexicano (4). Es dable mencionar que, ni lerdo ni perezoso, este último escapó hacia León, México, luego de que fuera allanada la quinta de Ingeniero Maschwitz, no sin antes ocuparse de amenazar a los familiares de los detenidos, para que no abrieran la boca.
Lejos quedaron hoy las conversaciones de Lailson vía Nextel con el juez de Campana, donde le decía que los arrestados mexicanos eran “una bola de pendejos” y le agradecía de manera emotiva: “Gracias a ti estoy limpio, ya te gratificaré solamente tu haz tu parte”.
Buenos muchachos.

Concluyendo

Esta semana, las tres viudas de los “empresarios” asesinados, mal asesoradas por sus abogados, presentaron un escrito en la fiscalía de Ana Yacobucci para solicitar que esta se declare incompetente y hacer que la causa pase al juzgado de Faggionatto Márquez.
El pedido produjo enorme distensión en el seno del kirchnerismo, el cual ha sufrido un golpe tremendo luego de la publicación de una investigación de revista Noticias, donde se demuestra que hubo un importante “blanqueo de dinero” en la campaña proselitista de Cristina Kirchner en el año 2007. El dato, que fue anticipado por este medio, promete destapar más complicaciones oficiales en el corto plazo y es por ello que, de acuerdo a lo comentado al principio de este artículo, la presión oficial se ha intensificado sobre el juez en las últimas horas.
A esta altura, es sencillo anticipar que la pata política del escándalo permanecerá oculta, aún cuando se ha detectado la presencia de importantes funcionarios detrás de la permisividad para con los narcos. Por caso, ¿Quién protege al sospechado Ibar Pérez Corradi? ¿Por qué a pesar de la fuerte evidencia en su contra el juez se niega a llamarlo a declarar?
Finalmente, como siempre, se aportan un par de datos para ayudar en la investigación:
1-El 27 de julio de 2008, tres días después de la muerte de los colombianos en el shopping Unicenter, la policía de la comisaría 5º de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a dos ciudadanos de la misma nacionalidad -colombianos- portando sendas armas de guerra: José Alexander Cifuentes Fajardo y Jhon Jairo Oquendo Barrios. Insólitamente, a las pocas horas, ambos fueron dejados en libertad.

No puede asegurarse que los mismos tengan relación con el crimen de Unicenter, pero hubiera sido muy útil que se investigara esa línea.
2-En el marco de la investigación referida, una de las firmas que la Justicia no se anima siquiera a mencionar es droguería Urbana (5). La firma perteneciente a Marcos Hendler, alguien a quien la mayoría de las fuentes señalan como testaferro de Hugo Moyano. No es menor el hecho de que, a su vez, Hendler aparezca en otras sociedades vinculado a Sebastián Forza.
Por caso, está relacionado con la farmacia de la calle Viamonte 1483, de la cual se desprendió en marzo de este mismo año y que regentearon Forza y Ariel Vilán hasta sus últimos días. Vilán, recordemos, es el joven que se suicidó arrojándose del noveno piso del departamento de sus padres en Boedo.
Volvamos a Hendler: es dable mencionar que es una de las pocas personas que el superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli admite conocer y haber tratado en el marco de la recaudación oficial para la campaña de Cristina 2007 (6).
Tal vez sea una punta para entender por qué hace unos días Moyano amenazó al kirchnerismo con fuertes medidas de fuerza en caso de que fuera eyectado de su cargo Capaccioli.
Habrá más informaciones para este boletín.

Christian Sanz

(1) Ver http://eleconomista.com.mx/politica/2008/08/15/1102/guanajuato-rechaza-existencia-del-%E2%80%9Ccartel-de-leon%E2%80%9D/

(2) Los mexicanos llegaron de México a Buenos Aires sin saber que serían encerrados en una finca, no teniendo conocimiento siquiera lo que les deparaba el destino.

(3) Se cree que Jesús Martínez Espinoza también fue engañado por Lailson.

(4) Se comenta por las calles de Campana que el automóvil Volkswaggen Passat que posee la esposa del juez fue un regalo del mismísimo Lailson.

(5) Droguería Urbana, CUIT 30-70831685-3, está ubicada en Av. Independencia 1606 de esta Capital Federal y la actividad principal declarada es la de “venta al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios”.

(6) Ver http://www.criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&nid=10935

Buenos Aires – Argentina
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